Foto: Andina
Hasta hace unas semanas el ejecutivo y el legislativo estaban, se decía, en rumbo de colisión. No se trataba, por cierto, de choque entre trenes-bala sino de los fogoneros a vapor propio de las películas del oeste, en que los rostros ennegrecidos de tanto humo de los operarios iban perdiendo fuerza para impulsar sus palas; y el carbón o la leña comenzaban a escasear. O, como en el cine de adolescentes de los cincuenta en Estados Unidos, asistimos al juego de la “gallina” en que partiendo desde puntos opuestos, dos conductores se subían a sus autos para chocar con el de su adversario y el que se desviaba hacia el costado para no llegar a una condición de riesgo extremo recibía el desprecio de sus amigos. Solo que en el escenario político en que vivimos los dos carros están un tanto destartalados y les falta gasolina. La situación, ciertamente grave, ha perdido dramatismo y hasta ahora no se han expresado algunas de las posiciones en pugna a través de movilizaciones callejeras que pudieran precipitar desenlaces. Así que de “polarización” se ha pasado a hablar de “entrampamiento”, palabra repetida hasta el cansancio en los días recientes.
El ejecutivo ha sido sometido a una oposición tenaz y sin respiro por parte del congreso. Insistir ahora que la agenda del país no es solamente la del enfrentamiento de poderes y los temas judiciales es incurrir en la afirmación enfática y vacía. Cualquier gestión de gobierno tendrá que examinar un vasto conjunto de temas en una sociedad compleja. El tono admonitorio de Pedro Olaechea al presidente “para que no tenga miedo de gobernar” no es porque no se tomen decisiones sino debido a que las que se establecen no van por el lado de las opiniones o intereses de quien se presenta a la vez como colaborador y contendor. Olaechea, gana, sin embargo también en el juego propuesto: marca una línea de oposición más ordenada y exigente que requerirá de Vizcarra (y de algunos de sus ministros y ministras) respuestas mejor elaboradas que las que formulan al paso.
En todo caso la situación lleva al gobierno a enfrentar nuevos problemas. Las relaciones susceptibles de acusación penal de Kuntur Wasi con Vizcarra parecen bien fundamentadas por el periodista Uceda y han sido acogidas por la Fiscalía de la Nación. Corresponde aclarar o refutar estas imputaciones, pero no pasarlas por alto (al margen de que el caso no pueda ser judicializado, en este período, en relación con el titular del ejecutivo).
El rechazo eventual del congreso al adelanto de elecciones y el pedido de confianza que puede pedir el ejecutivo sobre este tema suscita opiniones en los constitucionalistas que le quitan márgenes al consenso. Desde cualquier solución a que se llegue, esta coyuntura afectará tanto la estabilidad política como la perspectiva de introducir cambios. No se puede definir en el espacio sin límites lo que nos espera con nuevas elecciones, nuevo presidente, nuevos congresistas. Tampoco se avizoran perspectivas que los partidos precariamente constituidos dispongan de tiempo para intentar rearticular sus desgastadas fuerzas y lograr que adquieran credibilidad.
Si bien Vizcarra ha sido cuidadoso, salvo en algunas circunstancias, en el respeto de la separación de poderes, su suerte se encuentra vinculada a la de la fiscalía, y en particular al desempeño de Rafael Vela y Juan Domingo Pérez. La jueza María Álvarez señala que la homologación de los acuerdos con Odebrecht se encuentra sujeta a que no existan investigaciones y procesos en curso. El presidente de la Corte Suprema señala que sí los hay. El procurador Amado Enco denuncia al también procurador Jorge Ramírez por negociación incompatible y omisión de actos funcionales, por haber acordado con Odebrecht que la empresa retuviera los S/524 millones por la venta de la hidroeléctrica de Caglla. El anterior presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, es acusado por haber realizado negociaciones irregulares en San Martín en relación con la Carretera de San José de Sisa. Y el presidente del Tribunal Constitucional expresa su preocupación que se interrumpa el orden constitucional. Un pronunciamiento implícito se encubre como sentimiento de zozobra.
La mayoría del congreso ha bloqueado las perspectivas de cambios institucionales en la justicia, y en la organización de la política, si bien puede aducir que ha aprobado cuatro de las seis reformas políticas propuestas por el ejecutivo. Y se ha ocupado con denuedo de blindar a notorios protagonistas de la corrupción. El parlamento sigue en su aislamiento social porque el juego de obstaculizaciones que ha planteado por tres años ya no puede revertirse. Aun así, está juntando argumentos para dar la batalla con estrategias un poco mejor urdidas. Como se decía en los tiempos en que el posmodernismo tenía alguna vigencia, el futuro ya está y ni siquiera sabemos de qué se trata.